La diversidad de tareas de control y vigilancia a efectuar en el campo de la protección ambiental exige un alto grado de especialización técnica, del que no siempre es posible disponer en la administración pública. Según la ley GICA, las entidades colaboradoras tienen como ámbitos de actuación: 1) Prevención y control ambiental, 2) Calidad del medio ambiente atmosférico, 3) Calidad del medio hídrico, 4) Calidad del suelo, 5) Residuos.

Las entidades colaboradoras actuarán a petición de los titulares de actividades o instalaciones, en cumplimiento de una exigencia normativa o por mandato expreso de la consejería competente en medio ambiente.