La gestión del uso público cuenta con una dilatada experiencia en Andalucía, abarcando ya más de 30 años de trabajo ininterrumpido. Con anterioridad, el concepto de uso público encontraba su origen en el ámbito de los montes públicos y consistía básicamente en el desarrollo de actividades recreativas de carácter familiar. Un punto de inflexión importante lo constituyó la transferencia de competencias ambientales a la comunidad autónoma andaluza. Desde los inicios, ésta ha pretendido la relación directa entre la conservación de los espacios naturales y el desarrollo social, concepto que ya aparecía en la exposición de motivos de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Bajo este marco, el uso público se constituye como un área que compatibiliza e integra de forma sinérgica los aspectos sociales y ambientales. De forma progresiva, además, ha sido necesario incorporar el ámbito del turismo rural y de naturaleza a la gestión de los espacios naturales, dado el crecimiento tanto de la oferta como de la demanda. Este hecho ha repercutido considerablemente en el desarrollo de una nueva oferta de servicios por parte de la Administración ambiental. De hecho, el uso público ha recibido un fuerte respaldo por parte de dicha Administración a lo largo de todo este tiempo. Prueba de ello es el relevante esfuerzo de inversión que se ha dedicado al incremento del número de equipamientos, que actualmente superan los 1.000, de nueva construcción o emplazados en instalaciones ya existentes, previamente rehabilitadas. Como en cualquier proceso, la gestión de este extenso patrimonio ha ido evolucionando poco a poco, en el marco de una búsqueda constante de mejora en los servicios que se prestan y con el objetivo siempre aparejado de hacerlos menos dependientes económicamente de la Administración a la vez que se maximizaba la eficiencia del presupuesto invertido.

La evolución de la realidad nos debe dirigir hacia una evolución de la estrategia, basada en tres principios: 1. La generación de una economía asociada a la actividad del visitante.

2. La colaboración institucional y de todos los agentes dinamizadores del territorio.

3. La promoción de la participación privada en la gestión.

En este sentido, hay dos componentes de la Estrategia de Acción que tienen que ser reorientados e impulsados con toda eficacia. En primer lugar, la planificación del uso público, que debe ser consolidada por su capacidad para racionalizar y ordenar el uso de los recursos, atendiendo, desde su inserción en la gestión integral del espacio donde se ubica y del entorno al que pertenece, a la conservación de los valores, la calidad de la experiencia y el posible aprovechamiento económico vinculado a las actividades, servicios y equipamientos que conforman el sistema, siendo un instrumento que facilita las fórmulas de corresponsabilidad, la participación de otras entidades y el acercamiento al territorio, y que completa el marco normativo del sector. En segundo lugar, las fórmulas e instrumentos de gestión de equipamientos y servicios, buscando la promoción de la participación privada, la colaboración institucional y la generación de una economía asociada a la actividad del visitante. Este aspecto es el que más ampliamente se desarrolla en el presente documento, centrándose especialmente en el papel dinamizador que desarrollan los equipamientos de información y recepción de visitantes.

El presente documento va en consonancia, como no podría ser de otra manera, con la planificación estratégica impulsada por la Consejería de Turismo y Deporte. Así, la mayoría de las actuaciones aquí contempladas generarán importantes sinergias con las del ¿Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía. Horizonte 2020¿, el ¿Plan+Interior. Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 2020¿ o el ¿Plan de Calidad Turística 2014-2020¿. Los objetivos, principios rectores y líneas estratégicas de estos documentos se complementan entre sí, contribuyendo a un enfoque más transversal e integrador del papel fundamental que desempeña el uso público en el territorio como motor dinamizador de la economía rural y herramienta para la sensibilización ambiental de la población.

En definitiva, este documento pretende trazar el camino hacia una gestión del uso público más eficiente en la utilización de los recursos públicos, más eficaz en la generación de empleo y más dinámica en la prestación de Servicios a la ciudadanía.