Actividades económicas como la agricultura de regadío, la producción de energía eléctrica, industrias, turismo o actividades de ocio, tienen una gran relevancia en Andalucía y requieren el suministro de agua con garantía y con la calidad adecuada.

La optimización del uso de los recursos desde el punto de vista medioambiental, social y económico es un reto al que se debe dar respuesta desde la gestión, con la participación e implicación de los usuarios, y de acuerdo con las normas y criterios establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007); en la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y en los planes hidrológicos de cada demarcación